La fiscal Luisa Ortega: La sentencia 378 del TSJ es un retroceso en materia de derechos humanos

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Luisa Ortega: Sentencia del TSJ es un retroceso en materia de derechos humanos

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,  introdujo este jueves 01/05/2017 un documento por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  para solicitar que se aclare la sentencia 378, donde al interpretar los artículos 347 y 348 de la Constitución, los magistrados establecieron que “no es necesario, ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

“He solicitado que aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos; esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos. Nuestra Constitución establece la progresividad, y bajo ninguna circunstancia esos derechos pueden ser desmejorados”, afirmó la FGR.

Luisa Ortega Díaz dijo además que el proceso Constituyente planteado por el presidente Nicolás Maduro reduce la participación popular a su mínima expresión. “Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”.

Según la Fiscal la sentencia 378 vulnera la progresividad de los derechos humanos con la Constituyente. “Nuestra Constitución establece la progresividad de los derechos humanos que bajo ninguna circunstancia pueden ser desmejorados, y esta sentencia es un retroceso”

Recordó LOD que la Constitución actual se aprobó mediante un proceso de participación y consulta de todo el pueblo a través de varios procesos de referéndum y agregó que ahora “se pretende vulnerar este derecho mediante una Constituyente donde la participación ciudadana se ha reducido a su más mínima expresión”.

La Fiscal General aprovechó para citar unas palabras del expresidente Hugo Chávez, ofrecidas el 2 febrero de 1999, en ocasión a la toma de posesión, cuando invitó a convocar la soberanía popular “para que exprese su voluntad absoluta

La garante de la legalidad en el país ha sido tildada de traidora por Diosdado Cabello y otros sectores del chavismo, por haber rechazado la Asamblea Nacional Constituyente y por haber señalado que el estudiante Juan Pernalete fue asesinado con una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la guardia nacional.

Ella ha sido dura e injustamente criticada por su supuesta imparcialidad en las agresiones cometidas por manifestantes hacia funcionarios de seguridad. El propio Diosdado Cabello, que la defendió cuando era presidente del Parlamento, pidió excusas a sus seguidores por haberla apoyado.

Otros pronunciamientos que han alejado a la fiscal del chavismo han sido su exigencia de que se respete el debido proceso, que se evite la violencia por parte de los policías y los militares contra las protestas y por haber afirmado que el orden constitucional había sido violentado cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó al Poder Legislativo de sus competencias.

 

José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141
 

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