Fiscalía exige al TSJ adecuar la identidad legal de los transexuales

Tamara Adrián es la primera parlamentaria transexual de América Latina

 

*** Luisa Ortega solicitó a la Sala Constitucional remover todos los obstáculos legales que se opongan a los preceptos constitucionales y causen discriminación

Tamara Adrián es la primera parlamentaria transexual de América Latina. «Cada ser es único e irrepetible y el derecho a la identidad supone ser uno mismo y no otro».

Tal razonamiento fue acogido por la fiscal general de la República, Luisa Ortega, al pronunciarse a favor de la demanda interpuesta por Tamara Adrián, la transexual más prominente de Venezuela, con el propósito de lograr que el reconocimiento de su identidad legal conforme a su identidad de género.

Después de 28 meses de tratamiento en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas, en 2002 Adrián se hizo una cirugía de reasignación genital. «Ha alcanzado la adecuación entre lo social, físico y psíquico, quedando pendiente su adecuación legal», acota el Ministerio Público en el documento de 20 páginas, suscrito por la fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia Lizette Rodríguez Peñaranda.

La Fiscalía fundamentó su opinión en el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad consagrado constitucionalmente: «El acoplamiento físico que sufre un individuo con la finalidad de lograr sanidad mental y por sentir la plena identificación entre lo que es psíquica, física y socialmente es parte de esa libre determinación».

Se argumenta que «es contrario a los derechos humanos (…) que se pretenda mantener al ciudadano Tomás Mariano Adrián Hernández bajo una identidad legal que no corresponde con el sexo que actualmente la identifica, y solo a partir del respeto y reconocimiento de su identidad sexual y de reasignar su sexo legal a su sexo psicosocial es que podrá desarrollar su propia personalidad, con la protección de sus derechos, anclados en principios de igualdad y no discriminación por motivos de sexo o género».

El caso de la abogada, profesora universitaria, activista por los derechos de la comunidad LGBTI y diputada suplente de la Asamblea Nacional estuvo engavetado durante 12 años. El 1° de marzo de 2016 fue formalmente admitido. Está en manos de la magistrada de la Sala Constitucional Lourdes Suárez y próximamente se emitirá la sentencia definitiva, informaron fuentes judiciales.

Dignidad y orden público

La Fiscalía también le da la razón a Adrián en cuanto a que la rectificación de la partida de nacimiento a través de una nota marginal (que es la única opción que se ha ofrecido a los transexuales en Venezuela) no garantiza el derecho a la privacidad de las personas transexuales, pues, en la práctica, constituye otra fuente de discriminación.

Quizás uno de los aportes más favorables que hace el Ministerio Público a la aproximación de la diversidad sexual con enfoque de derechos humanos sea «resaltar» que la reivindicación de la identidad de las personas transexuales no atenta contra el orden público; que, por el contrario, detendría la violación de otros derechos como la salud, el trabajo, la integridad personal, el consumo y el libre tránsito.

Adrián ha denunciado que, precisamente, a la moral y el orden público apelaron sectores fundamentalistas dentro y fuera del TSJ para obstaculizar su demanda y que, en general, han impedido que Venezuela avance en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI. Aunque ejerció la acción legal a título personal, una sentencia del TSJ a su favor también beneficiará a todas las personas transexuales del país.

 

Edgar López / El Nacional